- Por más de 200 años los Derechos Sociales en Colombia han sido burlados y manipulados por la elite y el gobierno colombiano. Bajo diversas máscaras del capitalismo que -cómo una polea- requiere del peso de los pobres para elevar el bienestar de los potentados, el gobierno colombiano mediante diferentes leyes y decretos han convertido sistemática y estructuralmente nuestro derecho a la vida digna en un negocio. Así entonces, mientras nuestros jóvenes y niños han sido arrojados a los brazos de una guerra sangrienta a través del servicio militar obligatorio; mientras nuestros adultos mayores han sido desprotegidos y olvidados; mientras se nos obliga a vivir en un sistema de explotación, persecución y muerte; la oligarquía colombiana acrecenta sus cuentas bancarias y sus títulos de propiedad. Hoy recordamos a nuestros próceres independentistas, a nuestros compañeros y compañeras sindicalistas, estudiantes, campesinos, líderes y lideresas asesinadas por este régimen de muerte, y enarbolamos sus banderas como nuestras. Porque no son 200 años de independencia… son 500 años de resistencia, hoy más que nunca gritamos ¡no más!
- Reivindicamos los derechos sociales -el derecho a la vida, a la salud, a la educación- como derechos fundamentales, irrenunciables e imprescriptibles, relacionados intrínsecamente y dinámicos entre sí. La garantía de estos derechos en su conjunto es indispensable para la vida humana, para el desarrollo digno y soberano de nuestra nación… para una verdadera emancipación. El Estado colombiano debe garantizar estos derechos a toda la población colombiana, sin discriminación de clase, genero, etnia, preferencia política u orientación sexual; que entienda las condiciones especiales de las minorías étnicas, y la atención especial a niños, adultos mayores y personas en situación de discapacidad; y que respete los conocimientos populares y tradicionales de los colombianos. Por tal motivo, debe ser una prioridad del Estado destinar recursos a políticas públicas que garanticen los derechos sociales: Estos no pueden depender de impuestos a las bebidas alcohólicas ni juegos de azar. Rechazamos de manera tajante el desmedido presupuesto que se asigna a la guerra mientras nuestro pueblo se muere en condiciones de inequidad, hambre y enfermedad. Rechazamos la contratación de intermediarios que desvían recursos (tales como las ARS, IPS, EPS, UPC, el ICETEX y COLCIENCIAS), prestan nuestros derechos como un lujo, como servicios que sujetan el derecho a la vida a la capacidad de pago de la población.
- Se debe privilegiar el principio del respeto a la dignidad humana, esto entendiendo que la dignidad en cualquier caso debe estar por encima del mercado, y que la rentabilidad tanto de la salud, como de la educación -en un país que se propone hacer a sus hijos dignos de vivir- consiste en elevar los niveles de cultura, inteligencia, conciencia y bienestar.
- Necesitamos un sistema de salud construido sobre principios éticos, que no entienda ésta como la mera ausencia de la enfermedad, sino como una construcción integral. Para ello es indispensable re construir un sistema de seguridad social que entienda el derecho a la salud ligado al derecho a la alimentación, al trabajo, a la vida… como dijera el poeta Víctor Jara, el derecho a vivir en paz. Debe constituirse un sistema de salud que garantice la calidad y universalidad en la prestación del servicio. La promoción y prevención deben ser una prioridad, de modo que la intervención y atención se dé de manera oportuna, preservando nuestro derecho fundamental a la vida digna. Exigimos un presupuesto para la salud adecuado a las necesidades de los colombianos, con real participación de las esferas del gobierno nación y departamental, que permita construir una red hospitalaria con condiciones apropiadas para la población, con espacios amplios y seguros para la atención, con acceso a medicamentos, equipos médicos, terapias de prevención, promoción y rehabilitación, etc. Una red hospitalaria que propenda por el establecimiento de condiciones de trabajo dignas, que nos permitan construir conciencia social y compromiso con la mejor prestación del servicio.
- Exigimos un sistema educativo que entienda la importancia de la educación enfocada a la formación integral del ser humano como herramienta clave para lograr el crecimiento cultural, social y humano, basada en el bienestar general y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, eliminando la brecha entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, que brinde a los sectores populares la capacidad de transformar su historia y su devenir.
La educación debe ser entendida como un proceso social y cultural para la liberación y dignificación de los seres humanos, y para la recuperación de la memoria de los pueblos, sus tradiciones culturales y conocimientos, para el desarrollo integral de todos los atributos inherentes al ser humano dentro de su contexto social de acuerdo a las aptitudes y actitudes del individuo y a las necesidades de desarrollo autónomo del pueblo colombiano; en el entendido que sólo mediante una educación de este tipo se podrá dotar de los conocimientos necesarios y potencializar las aptitudes individuales para la participación igualitaria de todos y todas en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, democrática y soberana frente a los intereses del imperialismo.
Un sistema educativo que parta de la educación como un derecho del pueblo, y por tanto haga de ésta pública, universal, gratuita, obligatoria y a cargo del Estado en todos sus niveles: básica, media y superior; siendo éste quien proporcione a las instituciones educativas, a las comunidades y a las familias, las condiciones óptimas para el proceso educativo en todos los renglones: salud, alimentación, transporte, medios y recursos educativos e infraestructura, condiciones laborales dignas para maestros y administrativos, entre otros. La organización interna de las instituciones educativas debe estar diseñada para facilitar los procesos de docencia, investigación y extensión y no para hacer de la educación un negocio rentable, con gobiernos escolares democráticos y autonomía universitaria, como garantía para la participación real y vinculante de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y profesores) en la definición de los contenidos educativos y la destinación de los presupuestos.
Un modelo educativo que adopte los métodos pedagógicos más avanzados de acuerdo a los contextos regionales y la diversidad cultural que caracterizan a Colombia, partiendo de que la construcción del conocimiento es un proceso dialectico donde participan profesores y estudiantes en el marco de unas determinadas relaciones sociales. Deberá hacer uso de las tecnologías por medio de la dotación tecnológica de las instituciones educativas.
La educación como motor de desarrollo autónomo de la Nación y base fundamental para la erradicación de la violencia, lo cual se debe reflejar en la priorización y aumento del gasto público en educación por encima del gasto militar, y la definición de contenidos educativos que hagan honor a la verdad histórica, partan de las necesidades reales del pueblo colombiano y propendan por la autodeterminación del mismo.
Una educación donde la evaluación se caracterice por ser integradora (tener en cuenta la unidad de lo cognitivo, lo afectivo, lo volitivo, lo actitudinal, psicomotor e interdisciplinar, que tiene en cuenta el nivel de aprendizaje en la interrelación de los contenidos de las disciplinas) y desarrolladora, que diagnostica y estimula las potencialidades en el aprendizaje, el crecimiento y el mejoramiento humano.
La dignificación de la labor docente mediante el establecimiento de criterios claros de selección, la contratación directa, la justa remuneración de su trabajo y el respeto a sus derechos como trabajadores, para eliminar el clientelismo, la corrupción y la mediocridad imperante.
- La libertad de expresión, el pensamiento crítico y la lucha popular por un bienestar social deben ser entendidos y respetados como elementos de construcción. Hoy día, quienes cuestionamos el status quo que se reproduce desde hace 200 años con la sumisión de nuestras gentes, somos silenciados, criminalizados y asesinados. No existe un camino diferente para la construcción de un país con un respeto supremo a los derechos fundamentales, que el desmonte del actual modelo político-militar, sostenido sobre la figura de la seguridad democrática, eje del actual Estado colombiano y principal verdugo del derecho a la vida. Una educación integral, se basa en el pensamiento crítico que tiene como elemento esencial la objeción de conciencia, la misma que permite cuestionar y reformular el “malestar” de nuestra sociedad y nuestra cultura actuales, síntoma de la enfermedad que padecen los sistemas de salud y educación en nuestro país.
- Rechazamos la política guerrerista que envía a nuestros jóvenes contra su voluntad a la guerra, a través del servicio militar obligatoria. Propendemos por el libre desarrollo de la personalidad, apoyando la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.
- Toda esta concepción de la garantía de los derechos sociales implica la concepción de un nuevo sistema político y de relacionamiento social en Colombia, en que el Estado no mercantilice nuestra vida y nuestra dignidad. No pedimos una reforma a la ley 100 de 1993, la ley 30 de 1992 ni a la ley 115 de 1994, pues hemos demostrado como esta problemática estructural no se soluciona con baños de agua tibia. Las necesidades sociales no se negocian, tal como las oligarquías negociaron su venta. La posibilidad de reivindicar la integralidad y supremacía de los derechos fundamentales no se encuentra en la “buena fé” a un “buen gobierno”. La única opción que tiene la clase popular para que las necesidades de la gente sean suplidas es la exigencia decidida por la democratización absoluta de sus derechos: la derogatoria de los sistemas de salud y educación, y la construcción de un nuevo sistema que se guíe en los principios expuestos en este documento.
- Colombianos y colombianas, la organización popular es fundamental para reconstruir las relaciones sociales fuera del halo burócrata e institucional. Por tal motivo, el Cabildo Abierto de Derechos Sociales insta a la conformación de un Comité Patriótico Nacional por la Salud y un Comité Patriótico Nacional por la Educación, cuyo objetivo sea organizar a los diferentes actores que trabajan alrededor del tema del sector salud (médicos, enfermeros y enfermeras, auxiliares, usuarios, etc.) y del sector educación (maestros, estudiantes, trabajadores, madres y padres de familia) y la construcción de un programa para los derechos sociales en Colombia, la verdadera Colombia que queremos y por la que luchamos cada día. Comités patrióticos que permitan articular los desarrollos locales y regionales en una gran iniciativa nacional de organización, movilización y lucha por la garantía de los derechos sociales en Colombia
¡Que viva la Marcha Patriótica y el Cabildo Abierto por la independencia!
Cabildo de Derechos Sociales,
Martes 20 de julio de 2010
