Cabildo de Derechos Sociales: Salud y educación
Documento base para la discusión
Colombianos y colombianas, bienvenidos sean todos y todas a este espacio de encuentro, debate, construcción y respeto. Desde el comité preparatorio de este cabildo saludamos con alegría y grandes expectativas la posibilidad de reunirnos en esta fecha tan importante a discutir un tema trascendental para el pueblo colombiano: los derechos sociales. No podría ser de otra manera: hace 200 años uno de los ideales esenciales del movimiento patriota -pilar de la lucha por la emancipación- era la necesidad de garantizar los derechos fundamentales a la población americana, hasta entonces marginada, menospreciada y explotada por la metrópoli colonizadora. Conmemorar el grito de independencia requiere de nuestra parte un análisis de lo que significó el desarrollo de este proceso y los alcances que tuvo -pero sobre todo- nos exige identificar el carácter inconcluso de las revoluciones y así mismo su vigencia, de modo que podamos retomar las banderas de soberanía e independencia que aun tenemos en las manos para levantarlas con valentía, orgullo y dignidad.
A propósito de la discusión que nos atañe: ¿a que nos referimos cuando hablamos de “derechos sociales”? Partamos por encontrarnos en una definición esencial: Hablamos de “derechos fundamentales” como aquellos que son inherentes al ser humano, es decir, aquellos que toda persona debe tener en razón a su dignidad humana, por ejemplo el derecho a la vida, a la libertad, a la paz... Los “derechos sociales” son aquellos que deben garantizarse en tanto su conexión directa con los “derechos fundamentales” los hacen inajenables al hombre, por ejemplo el derecho a la protección, a la vivienda, a la salud y a la educación. Con la introducción del concepto de Estado Social de Derecho como modelo político, estos derechos “fundamentales” y “sociales” pasan de entenderse en una relación individual (Estado-ciudadano), a verse de manera colectiva, bajo el supuesto de que todo ciudadano hace parte de un grupo social, y que la garantía de los derechos del ciudadano permitirá no solo su beneficio, sino también el de la comunidad de la que hace parte; Pero el Estado Social de Derecho implica sobre todo, la concepción de que los diferentes colectivos sociales que conforma una sociedad son desiguales en sus desarrollos y capacidades, y por tal motivo el Estado no debe únicamente garantizar los derechos a los ciudadanos y colectividades, sino a demás propender por la eliminación de las desigualdades mediante la promoción de oportunidades y la regulación de las competencias.
Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, la salud y la educación son concebidas universalmente como derechos sociales, y así está contemplado en Colombia en la Constitución de 1991. La salud por ser -según lo establecido por la Organización Mundial de la Salud- el estado completo de bienestar físico, mental y social, relacionado intrínsecamente con el derecho a la vida digna; y la Educación, por ser el proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. En el marco del Estado Social de Derecho, estos dos derechos son esenciales para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, como veremos a lo largo de este documento, en lo corrido de los últimos dos siglos de “Independencia” tanto el derecho a la salud como a la educación han sido vulnerados de manera sistemática a causa de que el acceso a ellos ha dependido, y se ha visto limitado, por la implantación de modelos político-económicos determinados en diferentes épocas históricas de Colombia.
El objetivo del documento que aquí se presenta no es otro que el de definir a partir de las reales necesidades de la sociedad cuales serían los verdaderos conceptos de salud y educación como derechos fundamentales, es decir que permitan darle un carácter de obligatoriedad y universalidad en un nuevo modelo político-económico que permita responder a ello, lo que a su vez nos abre un camino para la discusión frente a cuales serian las condiciones necesarias para estos y cual -a partir de este momento- seria la forma de lograrlo.
Así entonces, esperamos que el Cabildo de Derechos Sociales se preste como un espacio de encuentro que nos permita superar el momento de diagnostico en el que muchas veces nos estancamos, y avanzar -con base en las diferentes experiencias y propuestas locales y regionales- en la construcción de una apuesta programática para una Colombia diferente, incluyente y solidaria… para la Colombia que soñamos. La invitación, colombianos y colombianas, es a hacer parte activa de este proceso, mediante la propuesta, el debate, la organización y movilización. Bienvenidos nuevamente todos y todas, este es un espacio colectivo en construcción.
Memorial de agravios para 200 años de sumisión a la enfermedad y la ignominia
Breve recuento histórico de la enajenación de los derechos…
Han sido más de doscientos años de dominación, de neocolonialismo, de rechazo a nuestras tradiciones y nuestro bienestar. Fuimos una tierra para el avance de otros y hoy seguimos siendo un muy buen negocio para las potencias que continúan explotando nuestra tierra, nuestra gente; es el momento para rechazar a un Estado que históricamente no se ha comprometido con el desarrollo de la nación, demostrado por la implementación de políticas públicas ineficientes que llevan a la deshumanización, al individualismo, a la venta de servicios; políticas neoliberales que alienan y asesinan sistemáticamente al pueblo colombiano. Es este el momento en el que reclamamos el Estado que Simón Bolívar promulgo en su discurso en Angostura: “El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política”. Porque han sido muchos los que han luchado a lo largo de estos doscientos años hoy retomamos sus banderas en contra de la oligarquía de la nueva colonia: hoy seremos más los que reclamamos libertad, soberanía… somos más quienes reclamamos vida digna.
Los primeros cabildeos, las primeras manifestaciones de libertad, no eran un señuelo pacato para reformar una historia de inequidades coloniales, sino un genuino intento de apropiación identitaria de nuestros pueblos mestizos, sueño que a Bolivar le fue arrebatado por los mismos gendarmesque hoy bajo un halo maldito y embustero de altruismo y progreso, enarbolan las consignas del “desarrollo”. El mismo desarrollo que cómo una polea, requiere del peso de los pobres para elevar el bienestar de los potentados.
Toda la historia de evolución científico-técnica que en cualquier sociedad debería permitir acrecentar el bienestar de la población, en nuestro país a doscientos años, representa sorprendentemente un declive en términos de justicia social. Los avances en estos campos son directamente proporcionales con la deshumanización de su propósito: servir al hombre; y han decantado en esta tierra colombiana, en sistemas de salud y educación que poco tienen que ver con el bienestar y la inteligencia, y que se basan en exprimir hasta la última gota la posibilidad de comerciar la vida y el saber.
Esa deshumanización es, por macabro que parezca, el normal devenir de un país cuyas élites han sido paridas siempre por lo inhumano, acostumbradas a que emancipación es la sistemática venta de todo lo nuestro, lo común a nuestra soberanía y territorio. Así, “emancipación” fue cuando expulsados los españoles, en contubernio con la iglesia y el legalismo santanderista se fundó la primera alianza, el perpetuo “Frente Nacional” que siempre ha acompañado nuestra triste suerte, para instaurar una patria de papel, donde se reprodujeron las mismas costumbres españolas que las espadas libertarias quisieron quebrar. Hoy la misma alianza entre élites, el mismo Frente Nacional ahora llamado “Unidad Nacional”, apunta el futuro de salud y educación hacia la destrucción absoluta de la justicia.
La venta de servicios puesta en el corazón de los derechos fundamentales, no es otra cosa que el magnicidio puro y paulatino de la muerte de lo humano, bajo el vestido de lo que algunos denominan “modernidad”: la muerte de la dignidad y la justicia, el nacimiento de un individualismo absoluto como regulador natural de las relaciones sociales.
Es así, como a pesar de haber pasado dos siglos, la salud sigue directamente relacionada con ofrecer un espacio en condiciones nefastas, en donde a diario se desvanece -hasta apagarse totalmente- la vida del pueblo; un pueblo que reclama hoy como en sus inicios la posibilidad de tener una existencia digna, de acceder a un sistema de salud universal, que se levanta para una lucha en donde la salud trascienda la mera ausencia de la enfermedad y encuentre de manera real e integral la salud como un proceso dinámico de bienestar físico, mental y social.
Bajo el argumento de la modernización, la estructura dominante ha impuesto toda una serie de transformaciones camufladas bajo principios de inclusión de la salud a las dimensiones social, política y cultural. Nada más lejos de la realidad, a diario observamos como el pueblo muere al no tener una condición económica privilegiada con el tan controversial paseo de la muerte que el gobierno a la luz de los medios de masas juzga y critica, pero que en el momento del accionar directo deja en el olvido. Esta se ha convertido en la característica que prevalece de manera histórica. Ejemplo claro de ello es que luego de la segunda guerra mundial surge el denominado “Estado de Bienestar”, el cual parecía ser la solución a un sistema individualista madre de la deshumanización. Sin embargo ese modelo de Estado, bajo la falacia de un “consenso entre clases”, maquilló la igualdad bajo la asimilación por parte de los oprimidos de un sistema que se les vendió como diáfano y justo, encubriendo el incremento de las injusticias sociales mediadas siempre por el modelo económico, y dejó en un tercer plano las necesidades de la sociedad. Es en este momento y con la institucionalización de políticas de “organización de servicios de salud y seguridad social” donde inicia un camino lleno de obstáculos impuestos por la burocracia, que han fragmentado y conducido a la salud al punto actual en donde la figura dominante defiende la relación servicio–cliente.
Esta relación se refleja de manera clara en la denominada “alianza para el progreso” en donde la salud se desdibuja totalmente y empieza a ser asumida como inversión pública dentro de la ruta de planificación para el desarrollo socioeconómico del país. Dicha inversión entra en competencia directa con otros aspectos que le generan mayor interés al sistema de gobierno como la guerra y la persecución directa a agentes que consideran que atentan contra su ideología de poder, lo cual pone en una notoria desventaja al sistema de salud que junto con la educación terminan siendo los más afectados… el orden de las cosas tendría que ser salud y educación para el pueblo. Aquel que se instauró y se impuso. Un “Nuevo orden” se hace necesario para trastornar la moral de un pueblo que asimila como natural la cultura de la muerte.
De Derecho a Servicios, de Personas a Clientes
Bajo la constitución de 1991, la salud queda en un vacío estructural: se proyecta como un servicio al cual se accede condicionado a políticas neoliberales individualistas, clientelistas y patrimonialista que responden a los intereses de la oligarquía y no de las necesidades más sentidas del pueblo colombiano. Han transcurrido dos siglos en los que los sistemas de seguridad han sido construidos sobre una base social fragmentada que se traduce en seguridad social para el que pueden pagarla y políticas asistencialistas para los que no cuenten con los recursos financieros para costearla. Estamos pasando por un cambio de concepción de “derecho” a “servicio”, funcional al mercado, acabando de manera progresiva con el sector público, condenándolo a su extinción.
Actualmente, esta problemática se ha socavado aun mas gracias a la ley 100 de 1993 que vulnera estructuralmente el derecho a la salud, por la implementación de un sistema de selección natural en el que el débil siempre será el pobre, un sistema clasista que claramente beneficia a las fuerzas económicas hegemónicas de este país, una cínica profundización de la desigualdad en la correlación capital-trabajo. Este sistema de salud embaucador, que tras 17 años de implantación no ha podido constituir el tan anhelado “sistema de seguridad integral”, eficiente, universal y solidario, que tanto promulga en sus principios, solo es un engaño: en realidad es un sistema para la enfermedad, un muy buen negocio para algunos, que significa, incorpora y produce la muerte.
En este punto es en donde nosotros como elemento fundamental constructor de un pueblo independiente y soberano nos debemos preguntar ¿Cómo vamos a reivindicar nuestro derecho a la salud? ¿Bajo qué tipo de sociedad lo queremos construir, teniendo en cuenta que el actual modelo no ha garantizado ni lo mínimo, y por el contrario cada vez ha tomado arremetidas mas fuertes contra desamparados, como claramente se evidencia con la supuesta “emergencia social en salud”, resultado del problema estructural del sistema neoliberal?
La situación de la educación no ha sido muy diferente a la de la Salud. Podemos reconocer a lo largo de estos 200 años el carácter elitista que ha determinado la oferta y el acceso a instituciones de educación básica, media y superior, y que ha servido como un elemento más para marcar diferencias sociales y de clase en nuestro país, en principio a través de la reducida oferta de cupos universitarios para sectores populares en instituciones públicas y privadas; actualmente, perfilando las cualidades y calidades educativas de las instituciones, y encasillando a la élite y al pueblo en determinados tipos de institución, convenientes a su modelo de desarrollo económico.
La oligarquía colombiana, hábil en la manipulación de la constitución y las leyes, entendió la implantación de modelo del Estado Social de Derecho como la oportunidad de profundizar la implementación del modelo neoliberal en Colombia, y de poner en competencia a sectores sociales y a ciudadanos. La ley 30 de 1992 -posterior a la carta constitucional que declara la educación como un derecho- ha permitido la des-financiación de la educación superior, la inserción del Estado neoliberal en las universidades mediante la definición de políticas educativas, y la eliminación de los procesos de democracia participativa e incidente en los gobiernos universitarios. La universidad pública ha adquirido una relación directa con la empresa privada que la financia, mas no con la sociedad a la que se debe.
La situación se ha precarizado en los últimos años durante el gobierno del régimen narco-paramilitar de Álvaro Uribe, y su proyecto privatizador mal denominado “Revolución Educativa”. El recorte a las transferencias reglamentado de manera indefinida durante su gobierno, asfixia económicamente a las instituciones de educación -básica, media y superior- desviando el presupuesto del Estado a una guerra sangrienta. En contraposición, la influencia del Estado ha permitido que se criminalice la legítima protesta, movilización y organización de los sectores sociales que criticamos y luchamos contra esta realidad, a través de la implementación de estrategias de intimidación, persecución y muerte.
Denunciamos el infame objetivo de este modelo Estatal, de fortalecer la educación privada al no aumentar recursos para las instituciones públicas, desviando el ya escaso presupuesto de las universidades a través de una generalizada expedición de préstamos del ICETEX, y mediante concurso a través de COLCIENCIAS. Una vez más se busca fortalecer la educación integral y profesional únicamente para la elite, para aquellos con posibilidades económicas de pagar colegios privados, y universidades con semestres de 4, 6 y hasta 12 millones de pesos, mientras se generaliza la educación técnica para los sectores populares, con baja calidad en el desarrollo académico, científico, y artístico que necesitamos en el país. ¿Por qué? Porque una vez más, la elite colombiana no requieren de una mano de obra (como dijera acertadamente el profesor Rodrigo Alfaro) que sepa hacer gracias a susaber-conocer y saber-construir, sino mano de obra cada vez más especializada que cumpla con su labor especifica en la cadena de producción. Para la élite colombiana, su propia riqueza fue más importante que la vida humana…. Que la vida de su país.
Denunciamos entonces, un modelo político y económico, una visión estructural encaminada a hacer de Colombia una nación en la que la educación técnica tenga una cobertura amplia, mientras la educación para el conocimiento y para la construcción sea un lujo. Volvemos a la concepción elitista de la época colonial, la misma contra la que lucharan nuestros antecesores patriotas.
Colombianos, debemos reivindicar nuestro derecho a la educación integral, entendida esta como un proceso permanente de aprendizaje de nuestro entorno, pero también de enseñanza. Debemos defender la libertad de cátedra y la construcción propositiva de la academia, rechazando de manera contundente los ataques contra el pensamiento crítico en las universidades, pues solo a través de este podremos construir una real educación al servicio del pueblo y la nación colombiana. Debemos dignificar el conocimiento popular de indígenas, campesinos y afro-descendientes, como elementos fundamentales para entendernos como pueblo latinoamericano… como elementos indispensables para empoderarnos como tal.
Este pueblo que hoy está cansado, enfermo, que rechaza la campaña oligárquica que pretende acallar las voces de los inconformes, que sufre por los más desvalidos; por nuestro pueblo, que ha muerto defendiendo lo de todos, y porque no aguantamos más inequidad ni fragmentación social: el momento es ahora. Este momento debe responder a la necesidad de un plan programático pertinente, que parta de la construcción de una propuesta alternativa desde la base recogiendo los problemas de todas las regiones en el marco de los derechos sociales.
Es aquí, donde nos damos cuenta que la Salud y la Educación en Colombia están fuertemente ligadas a un sistemaneoliberal que impone un modelo basado en la teoría del subsidio a la demanda propuesta hace 30 años, y que ahora es tomada como pilar fundamental de lo que se supone son los derechos sociales, llevándolos a la privatización, reduciéndolos al mínimo para obtener la máxima ganancia y produciendo así, la disminución de la calidad de estos y la limitación al acceso de los sectores menos favorecidos a la interacción social. Es claro que con este sistema, se replica la política social de los últimos veinte años que ha pretendido orientar los derechos sociales con criterios de mercado, y que como consecuencia, sólo ha traído la extinción del empleo formal, el quiebre de la salud y las pensiones, la baja calidad de la educación secundaria y universitaria y el agravamiento de las desigualdades en el país.
Por tal motivo… Colombianas y colombianos, debemos levantar nuestras voces y que retumben en un grito por la verdadera independencia, caracterizada por la reivindicación de los derechos a la salud y la educación como derechos fundamentales, por lo tanto, consideramos que leyes como la ley 100 del 93 y el proyecto de ley 2-80 del 2010 van en contra del derecho inalienable a la vida y al ser humano. Así como la ley 30 de 1992 y la ley 115 del 1994 contradice totalmente los principios de calidad y de transformación hacia una sociedad de cara a las necesidades del pueblo.
Estamos seguros que no necesitamos una reforma a las diferentes leyes que se han encargado de deteriorar estructuralmente la nación; necesitamos la abolición de las mismas, ya que estas solo han sido una mofa hacia el pueblo Colombiano. Por esto a lo que se le debe apostar es a la construcción de nuevos sistemas de seguridad social y de educación de carácter público y gratuito, que no estén sujetos al gobierno y políticas de turno, en el que el Estado responda ante las dolencias de un pueblo oprimido y vulnerado por más de 200 años, que a partir de diferentes iniciativas sociales, recoja los elementos que se consideran fundamentales para su construcción. Estos nuevos sistemas deben ser de carácter intercultural que respeten las tradiciones y la diversidad del pueblo, centrados en el mantenimiento de la vida, el bienestar y el desarrollo integral del ser humano.
Necesitamos que esos sistemas estén desligados del mercado, en el cual se elimine la lógica patrimonialista impuesta por los modelos económicos; un sistema universal para todas y todos los colombianos, integral y equitativo, que deje de lado la perspectiva clasista, pero que entienda las características y necesidades particulares de cada ser humano, enmarcado en un sistema solidario y eficiente desde una administración enfocada a proveer una mejor calidad, empleando como estrategia la participación y la vinculación del pueblo como garante del cumplimiento de su autonomía y sus principios fundamentales.
Partiendo de exaltar las diferentes luchas que han habido a través de toda la historia, desde diferentes sectores progresistas que cansados del engaño, el maltrato, y la desigualdad contribuyeron con pasos de gigante al cambio; un cambio que hoy tenemos que continuar a pesar de la estigmatización, persecución y en algunos casos desaparición de líderes inspiradores que hoy como hace 200 años pensamos en la posibilidad de construir un país diferente, independiente y soberano. Hoy debemos adquirir el compromiso de que esto trascienda la barrera de la posibilidad y se convierta en una realidad del pueblo y para el pueblo. Porque hoy más que nunca no desfallecemos ante las injusticias sociales, proclamamos como hace 200 años lo hiciera nuestro Libertador "La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.
Porque hoy más que nunca debemos construir un programa para y desde las bases populares colombianas: un programa verdaderamente incluyente, equitativo y solidario, donde sean plasmadas todas las ideas y exigencias hacia el Estado colombiano.
Lo anterior son unos lineamientos que nos guiaran en la discusión y que esperamos nos lleven a un proceso transparente en el que podamos confluir y plantear nuestras exigencias como un pueblo que no permitirá mas vulneración de sus derechos y que rechaza las políticas privatizadoras y deshumanizante, en el que ese Estado social de derecho olvida que su fin es el pueblo y el desarrollo de la sociedad. “Porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del nuevo universo” es hora de construir, transformar y actuar.
Hacia un Colombia en Paz y con Justicia Social para todas y todos
La Educación y la salud deben ser Derechos Públicos fundamentales, comunes a toda la población y privilegiando el principio del respeto a la dignidad humana, eso es, entendiendo que la dignidad en cualquier caso debe estar por encima del mercado, y que la rentabilidad tanto de la salud, como de la educación en un país que se propone hacer a sus hijos dignos de vivir, consiste en elevar los niveles de cultura, inteligencia, conciencia y bienestar.
Un Derecho fundamental implica el rescate y la redefinición de lo público como elemento primordial, en escala valorativa superior al oscuro imperio de lo privado. Bajo esta lógica, ni salud ni educación se deben ceñir en el país que soñamos, por las dinámicas del negocio; y la rentabilidad de su universalización y aplicación integral, reside únicamente en la comprensión colectiva de su importancia para la construcción de una sociedad nueva, una sociedad para la cooperación, la solidaridad y la libertad, en desmedro del egoísmo, la acumulación y la mentira. Esto es, una sociedad para la vida, no para la muerte, como la que hoy tenemos.
La libertad de expresión, el pensamiento crítico y la lucha popular por un bienestar social deben ser entendidos y respetados como elementos de construcción. Hoy día, quienes cuestionamos el status quo que se reproduce desde hace 200 años con la sumisión de nuestras gentes, somos silenciados, criminalizados y asesinados. No existe un camino diferente para la construcción de un país con un respeto supremo a los derechos fundamentales, que el desmonte del actual modelo político-militar, sostenido sobre la figura de la seguridad democrática, eje del actual Estado colombiano y principal verdugo del derecho a la vida. Una educación integral, se basa en el pensamiento crítico que tiene como elemento esencial la objeción de conciencia, la misma que permite cuestionar y reformular el “malestar” de nuestra sociedad y nuestra cultura actuales, síntoma de la enfermedad que padecen los sistemas de salud y educación en nuestro país.
Los derechos fundamentales son necesidades sociales. El pueblo colombiano ha sido engañado en todas las etapas de su historia, y en su periodo reciente, la venta de servicios y la pacificación de la protesta han venido cínicamente demarcados por una justificación de “democracia” electoral. Las necesidades sociales no se negocian, tal como las oligarquías negociaron su venta, la posibilidad de reivindicar la integralidad y supremacía de los derechos fundamentales no se encuentra en la “buena fé” a un “buen gobierno”. La única opción que tiene la clase popular para que las necesidades de la gente sean suplidas es la exigencia decidida por la democratización absoluta de sus derechos. El gobierno universitario al servicio de la sociedad que necesita del saber para construirse, pero que además lo posibilita, así como un sistema de salud, construido por la gente y de acuerdo con las necesidades, los retos y las debilidades de nuestro país; un país diferente al que ahora tenemos, donde exista un principio esencial que propenda por la defensa, la construcción y el respeto, a la dignidad plena del ser humano.
